Luego de desguazar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el gobierno de Javier Milei decretó este miércoles la derogación del decreto que estableció en 2020 a la telefonía celular y fija, internet y televisión paga como servicios públicos esenciales y, en consecuencia, liberó a las concentradas empresas de telecomunicaciones a la posibilidad de establecer sus propias tarifas sin regulación estatal alguna. A pesar del constante ataque jurídico e incumplimientos a la normativa vigente por parte de los grandes grupos económicos que concentran los servicios mencionados (por ejemplo, Telecom), para el gobierno era necesario “corregir” los efectos del decreto 690/20 “con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados”. Conversamos con Javier Forlenza, ex Director Nacional de Usuarios y Delegaciones del ENACOM