La comisionada en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Diana Conti afirmó que las personas privadas de su libertad tienen un mayor riesgo frente al coronavirus porque el “hacinamiento deteriora la salud”. Además, la abogada sostuvo que se debe vacunar también a los grupos de riesgo que están tras las rejas porque “una condena altera sólo la libertad de la persona, no su salud y todos los demás derechos que tienen”.
El jueves 2 de septiembre, Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia, detenidas en la Brigada Femenina de Concepción, Tucumán, murieron carbonizadas luego de iniciarse un incendio dentro de la celda. Benito Allende, abogado de la familia de Rocío, explica la situación irregular de las detenciones en ese lugar y las novedades del caso. Remarca que fueron homicidios producidos por el accionar intencional de las personas a cargo, con responsabilidad del Estado, lo que excede la figura de abandono de persona. El abogado analiza también la sentencia social y la estigmatización por las que se les niegan injustamente derechos básicos a las personas en situación de encierro o que hayan estado en conflicto con la ley penal. "El Estado no se encarga de las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad", denuncia. El hecho remite ineludiblemente a la Masacre de Pergamino, en la que 7 jóvenes murieron en las mismas circunstancias. http://www.laretaguardia.com.ar/2021/09/las-4-muertes-de-tucuman-que-remiten-la.html
