En marzo, a través de medios de comunicación, el vocero presidencial sin ningún tipo de verguenza ni culpa anunció el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), reduciéndolo a una secretaria y despidiendo a 900 trabajadores. Sus trabajadores vienen denunciando desde entonces las mentiras con las que justificaron este anuncio. “Nuestra tarea desde hace más de 30 años es llegar a los territorios para mejorar condiciones de vida de las familias rurales”, dijo Eliana Negrete, delegada de ATE del INAFCI de la región Centro. El sector de la agricultura familiar, tal como contó Negrete, es el sector más vulnerado del campo: “Muchas veces no cuentan con la tenencia de la tierra, aunque viven ancestralmente no tienen los títulos de propiedad, el acceso a la tecnología es costoso, no son formadores de precio sino que son impuestos por la lógica de mercado, resisten, producen, nos alimentan y nuestro trabajo consiste en asistir esa actividad”. Y agregó: “Sabemos que además de quedarnos en la calle si se quita esta política pública no les va a quedar otra que migrar, que esos espacios del pequeño productor los ocupen negocios multimillonarios”.
