13 de septiembre, 2019 09:38
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La sanción en Diputados de la “Emergencia Alimentaria Nacional” (prórroga por 4 años del Decreto 108 del año 2002, gobierno de Duhalde) es un modo tardío y obligado por las luchas de los movimientos de desocupados y precarizados, pero reconocimiento al fin, del agravamiento de las condiciones sociales y en particular del hambre que azota a grandes sectores. Mientras ocurría esto en Buenos aires, aquí en Mendoza un conjunto de organizaciones sociales se manifestaban y discutían la situación provincial para reclamar al Gobierno la declaración de Emergencia. Las experiencias cotidianas son dramáticas en comedores y merenderos, en la asistencia que prestan las Iglesias, en el aumento de la demanda, etc. Son las caras concretas de los números fríos de las estadísticas. Es lo que el Gobierno no quiere ver ni escuchar. La “Mesa de la Emergencia Alimentaria Mendoza” elaboró un informe que concluye solicitando la conformación de una Mesa de Diálogo con el Gobierno; exige partidas presupuestarias extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional; abastecer comedores, escuelas; asistir a los municipios; adhesión a la ley nacional de emergencia alimentaria; y el cese inmediato de toda la propaganda oficialista, disfrazada de pauta oficial, y destinar ese presupuesto a la emergencia alimentaria. Desde marzo/abril 2018 todo ha empeorado, y con la última devaluación de agosto se dio un mazazo. El IPC Mendoza de agosto fue 4,2%, acumulando 29,8% en el años y un interanual de 56,5%. Pero el rubro Alimentos y Bebidas subió 62,5% en los últimos 12 meses afectando al estrato del 40% de hogares más hundidos que consumen prácticamente todo su ingreso en alimentarse. Urge entonces que, en lugar de inaugurar plazas y gastar en publicidad, el Gobierno vuelque recursos para resolver el hambre de nuestros pequeños. El hambre es más urgente que la campaña electoral y la estética provincial. Leer más
La sanción en Diputados de la “Emergencia Alimentaria Nacional” (prórroga por 4 años del Decreto 108 del año 2002, gobierno de Duhalde) es un modo tardío y obligado por las luchas de los movimientos de desocupados y precarizados, pero reconocimiento al fin, del agravamiento de las condiciones sociales y en particular del hambre que azota a grandes sectores. Mientras ocurría esto en Buenos aires, aquí en Mendoza un conjunto de organizaciones sociales se manifestaban y discutían la situación provincial para reclamar al Gobierno la declaración de Emergencia. Las experiencias cotidianas son dramáticas en comedores y merenderos, en la asistencia que prestan las Iglesias, en el aumento de la demanda, etc. Son las caras concretas de los números fríos de las estadísticas. Es lo que el Gobierno no quiere ver ni escuchar. La “Mesa de la Emergencia Alimentaria Mendoza” elaboró un informe que concluye solicitando la conformación de una Mesa de Diálogo con el Gobierno; exige partidas presupuestarias extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional; abastecer comedores, escuelas; asistir a los municipios; adhesión a la ley nacional de emergencia alimentaria; y el cese inmediato de toda la propaganda oficialista, disfrazada de pauta oficial, y destinar ese presupuesto a la emergencia alimentaria. Desde marzo/abril 2018 todo ha empeorado, y con la última devaluación de agosto se dio un mazazo. El IPC Mendoza de agosto fue 4,2%, acumulando 29,8% en el años y un interanual de 56,5%. Pero el rubro Alimentos y Bebidas subió 62,5% en los últimos 12 meses afectando al estrato del 40% de hogares más hundidos que consumen prácticamente todo su ingreso en alimentarse. Urge entonces que, en lugar de inaugurar plazas y gastar en publicidad, el Gobierno vuelque recursos para resolver el hambre de nuestros pequeños. El hambre es más urgente que la campaña electoral y la estética provincial.